El estiaje amazónico vuelve a poner a prueba la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, salió al paso de las crecientes preocupaciones ciudadanas y descartó que el país vaya a enfrentar apagones generalizados, pese a reconocer un déficit cercano a los 1.000 megavatios (MW) provocado por la reducción del caudal del río Coca, fuente principal de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
La declaración llega en un momento en que la memoria colectiva aún conserva las cicatrices de los prolongados cortes de energía de 2024, que afectaron gravemente a la economía, la productividad y la vida cotidiana de millones de ecuatorianos. ¿Es distinto el escenario esta vez? ¿Qué ha cambiado? El contexto exige ir más allá del titular.
Un déficit importante, pero con plan de respaldo
Según las declaraciones recogidas por El Universo, Primicias y Sucre Noticias, la ministra Manzano explicó que el estiaje —fenómeno climático recurrente entre los meses de octubre y marzo en la cuenca amazónica— ha reducido significativamente la generación de Coca Codo Sinclair, que en condiciones normales aporta alrededor de 1.500 MW al Sistema Nacional Interconectado. La caída en los caudales ha provocado un déficit estimado de 1.000 MW, una cifra que no es menor si se considera que la demanda pico del país oscila entre los 4.500 y 5.000 MW.
Sin embargo, la titular de la cartera energética aseguró que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha ejecutado acciones preventivas para evitar que ese déficit se traduzca en racionamientos. Entre las medidas mencionadas se encuentran la activación de centrales termoeléctricas, la importación de energía desde Colombia, y la incorporación de generación distribuida mediante barcazas y plantas móviles que fueron contratadas tras la crisis del año pasado.
Manzano también destacó que se ha trabajado en el mantenimiento preventivo de las centrales existentes para maximizar su disponibilidad, y que se han establecido acuerdos con grandes consumidores industriales para gestionar la demanda en horas pico.
La lección de 2024: ¿se aprendió realmente?
Para comprender la importancia de estas declaraciones, es imprescindible recordar lo que ocurrió en 2024. Ecuador atravesó su peor crisis energética en décadas, con apagones que llegaron a durar hasta 14 horas diarias en algunos sectores. La combinación de un estiaje severo, la falta de inversión en diversificación de la matriz energética durante años, y la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica —que representa cerca del 75% del total nacional— crearon una tormenta perfecta que paralizó al país.
Las pérdidas económicas fueron millonarias. La Cámara de Comercio de Guayaquil estimó que los apagones costaron al sector productivo cientos de millones de dólares. Pequeños negocios cerraron, la cadena de frío se rompió, y la ciudadanía expresó su frustración de manera contundente. Fue, en muchos sentidos, una herencia acumulada de administraciones anteriores que no diversificaron adecuadamente las fuentes de generación.
El gobierno de Noboa recibió esa crisis como uno de sus mayores desafíos y respondió con la declaratoria de emergencia del sector eléctrico, la contratación de generación térmica de respaldo y la aceleración de proyectos de mediano plazo. La pregunta que se hacen hoy analistas y ciudadanos es si esas medidas son suficientes para evitar una repetición del escenario.
¿Por qué importa esta vez?
Hay diferencias significativas respecto al año pasado. En primer lugar, el Gobierno llegó a este estiaje con mayor preparación logística. Las barcazas turcas y otras fuentes de generación térmica contratadas durante la emergencia de 2024 permanecen operativas y aportan capacidad adicional al sistema. En segundo lugar, los acuerdos de importación de energía con Colombia proporcionan un colchón que, aunque limitado por la capacidad de interconexión, no existía con la misma robustez antes.
No obstante, persisten vulnerabilidades estructurales. La matriz energética ecuatoriana sigue siendo predominantemente hídrica, y los proyectos de diversificación —como plantas solares, eólicas y geotérmicas— avanzan con lentitud. La erosión regresiva del río Coca, un problema geológico que amenaza la propia infraestructura de Coca Codo Sinclair, sigue sin una solución definitiva y representa un riesgo latente no solo para esta temporada, sino para el futuro energético del país.
Además, el costo fiscal de mantener activas las centrales térmicas de respaldo es considerable. El diésel y el fuel oil necesarios para operar estas plantas representan un gasto significativo para un Estado que ya enfrenta restricciones presupuestarias. Es un precio que el Gobierno parece dispuesto a pagar para evitar el costo político y económico de nuevos apagones, pero que evidencia la necesidad urgente de una política energética de largo plazo.
El mensaje del Gobierno y lo que queda por hacer
La postura de la ministra Manzano refleja una estrategia comunicacional clara del Ejecutivo: transmitir confianza sin minimizar el problema. Reconocer el déficit de 1.000 MW es un gesto de transparencia que contrasta con la información contradictoria que circuló durante los peores momentos de la crisis de 2024. Al mismo tiempo, el énfasis en las acciones preventivas busca diferenciarse de la gestión reactiva que caracterizó a gobiernos anteriores.
El desafío, sin embargo, va más allá de superar este estiaje. Ecuador necesita una transformación profunda de su matriz energética que reduzca la dependencia hidroeléctrica, incorpore energías renovables no convencionales, y modernice la infraestructura de transmisión y distribución. Estos son proyectos que requieren inversión privada, marcos regulatorios atractivos y estabilidad jurídica —precisamente el tipo de reformas que el gobierno de Noboa ha buscado impulsar en el ámbito económico.
El fantasma de los apagones sigue siendo uno de los principales temores de los ecuatorianos. Que no se materialice este año dependerá no solo de las lluvias, sino de la capacidad del Estado para ejecutar su plan de contingencia sin tropiezos.
Por ahora, la promesa oficial es clara: no habrá apagones. La ciudadanía, con la experiencia reciente como referencia, observa con cautela pero también con la esperanza de que, esta vez, las lecciones del pasado se hayan traducido en acciones concretas.
