La administración del presidente Daniel Noboa ha dado un paso al frente que define el rumbo de la política fiscal y previdencial en Ecuador: la orden para forzar la venta de USD 2.000 millones en activos inmuebles propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta decisión, presentada bajo la narrativa de una necesaria "eficiencia administrativa", representa un punto de inflexión crítico que trasciende lo meramente económico y se adentra en el terreno jurídico-constitucional. La medida no solo busca inyectar liquidez inmediata al sistema, sino que redefine las relaciones entre el Estado central y los fondos reservados a la seguridad social pública.
Tensión entre la narrativa oficial y la Constitución
La legitimidad de esta operación se enfrenta a un marco legal robusto. El artículo 370 de la Carta Magna establece explícitamente la autonomía del IESS, determinando que no constituye una dependencia ni una "caja chica" sujeta al capricho del Gobierno de turno. Más categórico aún es el artículo 372, que actúa como un candado de seguridad absoluta: los fondos y reservas de la seguridad social pública son propios y distintos a los del Fisco, prohibiendo expresamente que ninguna institución estatal intervenga o disponga de ellos, de acuerdo con Trámite Fácil.
Desde esta perspectiva constitucional, los terrenos, macro lotes y edificios que el Ejecutivo pretende liquidar no son propiedad exclusiva del Estado ni del presidente; constituyen reservas técnicas destinadas por ley a garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo. La venta acelerada de estos activos choca frontalmente con la protección legal diseñada para blindar el patrimonio previsional frente a las fluctuaciones fiscales, tema que ya cubrimos en Operativo de seguridad en prisión ecuatoriana refuerza control ante crisis carce.
El contexto sanitario y la responsabilidad fiscal
Mientras se impulsa esta liquidación patrimonial, persiste una realidad sanitaria compleja. El desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales y el estrangulamiento financiero que afectan a clínicas dializadoras y centros oncológicos externos evidencian un problema estructural más allá de la tenencia de activos físicos. La crítica señala que el Gobierno prefiere licuar reservas técnicas antes que presupuestar y transferir los fondos que el Fisco adeuda legalmente al IESS por su contribución obligatoria, tema que ya cubrimos en Operativo de seguridad en prisión ecuatoriana refuerza control ante crisis carce.
Este escenario se ve exacerbado por denuncias sobre la gestión de recursos públicos, como lo ilustra el Caso Apagón, donde altos funcionarios de corporaciones eléctricas estatales enfrentan procesamiento. La percepción pública actual vincula esta supuesta falta de fondos para la salud con una dinámica política que busca anular debates antes de las elecciones de noviembre de 2026, como informó Trámite Fácil.
Implicaciones a largo plazo
El impacto definitivo de este desmantelamiento recaerá sobre los afiliados y jubilados. Al desprenderse del soporte material que sostiene los fondos de reserva, existe el riesgo de comprometer la regularidad de las pensiones futuras frente a un Fisco en déficit. La Corte Constitucional tiene hoy una responsabilidad histórica al definir si se permite esta disposición o se mantiene el blindaje legal establecido por la Constitución.
