La discusión en torno a la nueva Ley de Minería en el Ecuador no puede desligarse del complejo contexto ambiental que atraviesa el país. En la Amazonía, los ríos arrastran mercurio y sedimentos producto de la minería ilegal; en la Sierra y la Costa, la expansión extractiva ha generado conflictos sociales y contaminación de fuentes hídricas. Comunidades indígenas, agricultores y pobladores urbanos enfrentan impactos directos en su salud y medios de vida.
Marco jurídico robusto
La Constitución ecuatoriana ofrece un marco jurídico sólido para abordar estos desafíos. El artículo 12 reconoce el agua como derecho humano fundamental e irrenunciable, mientras que los artículos 71 al 74 consagran los derechos de la naturaleza, una innovación jurídica de alcance mundial. Esto implica que el Estado no solo debe regular la actividad minera, sino prevenir daños, restaurar ecosistemas afectados y sancionar con firmeza la minería ilegal, como publicó este diario en Avistamientos de cocodrilos en canales de Guayaquil despiertan alarma social y e.
Responsabilidad estatal
Sin fiscalización rigurosa, presupuesto adecuado y coordinación institucional, cualquier reforma quedará en el papel. El desafío no es prohibir sin alternativa ni explotar sin límites, sino armonizar desarrollo y sostenibilidad bajo el principio de que el agua y la naturaleza son pilares constitucionales del Estado ecuatoriano.
