En un giro trascendental para la política de seguridad del sur de América, el presidente Gustavo Petro ha ordenado una revisión integral de los diálogos con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras declarar categóricamente que "no hay paz" en el país. Esta declaración, emitida en medio de una ola de violencia sin precedentes en el Caribe y el Pacífico colombiano, marca un punto de inflexión en la gestión del ejecutivo bogotano, el cual había apostado todo su capital político a la diplomacia como herramienta principal de desarme. La realidad de los hechos, sin embargo, ha demostrado que la retórica de la paz no ha sido suficiente para detener el avance de grupos armados ilegales que controlan rutas de narcotráfico y extorsión.
La decisión de Petro no es un acto aislado, sino la respuesta inevitable a un escenario donde la seguridad nacional se ha visto comprometida por la incapacidad del Estado para imponer el monopolio de la fuerza en vastas zonas de su territorio. Fuentes cercanas al Palacio de Nariño indican que el gobierno está evaluando si la estrategia de negociación con grupos como el Frente del Sur o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido contraproducente al enviar señales de debilidad. En este contexto, la revisión de los diálogos implica un cambio de paradigma: pasar de la concesión a la exigencia de garantías reales de desarme y desmovilización.
El fracaso de la diplomacia frente al narcoterrorismo
Es imperativo entender el antecedente de esta crisis: la política de "paz total" que promovió Petro desde su asunción en 2022, bajo la premisa de que el conflicto armado colombiano era un problema que se resolvía mediante la mesa y no con las armas. Sin embargo, los datos de violencia han aumentado drásticamente en 2024, con un incremento en ejecuciones extrajudiciales, secuestros y ataques a la infraestructura crítica. La disidencia de las FARC, lejos de desarmarse, ha fortalecido sus redes de narcotráfico, financiando operaciones que desestabilizan no solo a Colombia, sino que tienen efectos de arrastre en la región andina.
El contexto regional es crucial para comprender la gravedad de la situación. Mientras Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, ha implementado políticas de mano dura y ha declarado el estado de excepción para combatir el crimen organizado, Colombia ha experimentado un retroceso en sus indicadores de seguridad. La diferencia en los enfoques es notable: mientras el gobierno ecuatoriano ha priorizado la acción militar y judicial para desarticular cárteles, la estrategia colombiana ha buscado la reconciliación, un enfoque que, según analistas de seguridad, ha permitido a los grupos criminales reorganizarse y expandir sus operaciones. La declaración de "no hay paz" de Petro es, en esencia, un reconocimiento tardío de que la pacificación sin fuerza estatal es una quimera.
La revisión de los diálogos plantea interrogantes complejas sobre la viabilidad de negociar con actores que no tienen interés genuino en la paz, sino en el control territorial y el lucro ilícito. El gobierno colombiano deberá ahora decidir si mantiene la mesa de negociación bajo nuevas condiciones más estrictas o si opta por una confrontación directa, una medida que podría escalar la violencia a corto plazo pero que es necesaria para restablecer la autoridad del Estado. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la inestabilidad en Colombia podría convertirse en un nuevo epicentro del narcotráfico sudamericano, desafiando los esfuerzos de seguridad colectiva de la región, según Bitácora Nacional.
Implicaciones para la seguridad regional y el modelo de paz
Las implicaciones de este giro en la política de seguridad de Colombia trascienden sus fronteras nacionales, afectando directamente la estabilidad de Ecuador y el resto de la cuenca del Pacífico. La porosa frontera entre ambos países ha sido históricamente un corredor para el tráfico de drogas y armas; si los grupos armados en Colombia reorganizan sus estrategias bajo una presión estatal renovada, es probable que intenten expandir sus operaciones hacia territorio ecuatoriano. Esto refuerza la necesidad de una cooperación binacional más estrecha, donde los gobiernos de Noboa y Petro alineen sus estrategias de inteligencia y acción militar para enfrentar una amenaza común que no respeta límites geográficos.
Desde una perspectiva de centro-derecha, la situación en Colombia valida la tesis de que el liberalismo económico y la seguridad ciudadana son interdependientes. Un Estado que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos y empresas no puede atraer inversión ni fomentar el libre mercado. La incertidumbre generada por la violencia narcoterrorista eleva los costos de transacción, desincentiva la inversión extranjera directa y frena el crecimiento económico. La revisión de los diálogos por parte de Petro podría ser el primer paso hacia una estrategia más pragmática que priorice la seguridad como condición sine qua non para el desarrollo económico, un principio que ha guiado exitosamente las políticas de otros gobiernos en la región.
"La paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de justicia y seguridad. Sin un Estado fuerte que imponga el orden, cualquier diálogo con criminales es una concesión al caos."
La revisión de los diálogos también pone a prueba la credibilidad del gobierno colombiano frente a la opinión pública y la comunidad internacional. Si Petro no logra resultados tangibles en la reducción de la violencia, su legitimidad política se verá erosionada, abriendo espacio para la inestabilidad política y social. Por el contrario, una estrategia renovada que combine la firmeza en la acción militar con la apertura a negociaciones condicionadas podría restaurar la confianza en las instituciones y demostrar que el Estado colombiano es capaz de enfrentar a sus enemigos internos y externos.
El contraste con el modelo de seguridad ecuatoriano
El caso colombiano ofrece un contrapunto valioso al modelo de seguridad implementado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa. Mientras Petro declara que "no hay paz" tras años de intentos de negociación, Noboa ha logrado contener la ola de violencia mediante la declaratoria de emergencia nacional y la aplicación de la ley de enjuiciamiento militar para casos de narcotráfico y terrorismo. Este enfoque de mano dura, respaldado por la ciudadanía ecuatoriana, ha demostrado que la tolerancia cero hacia el crimen organizado es la única vía efectiva para restaurar la seguridad ciudadana.
La experiencia ecuatoriana sugiere que los diálogos con grupos criminales deben ser excepcionales y no la regla, y que la prioridad absoluta debe ser la desarticulación de las estructuras criminales mediante la fuerza y la justicia. La revisión de los diálogos en Colombia podría ser vista como un reconocimiento de que el modelo de paz total ha llegado a un callejón sin salida y que es necesario adoptar medidas más enérgicas. En este sentido, la convergencia de estrategias entre Bogotá y Quito podría ser fundamental para enfrentar el desafío del narcotráfico en la región, un desafío que requiere unidad de propósito y acción coordinada.
En conclusión, la orden de Gustavo Petro de revisar los diálogos con las disidencias de las FARC es un hito en la historia reciente de Colombia, que marca el fin de una era de idealismo político y el inicio de una nueva etapa de pragmatismo en materia de seguridad. La lección para la región es clara: la paz no se construye con palabras, sino con hechos, y la seguridad es el cimiento sobre el cual se edifica el desarrollo y la prosperidad. El futuro de Colombia y de la estabilidad regional dependerá de la capacidad de sus líderes para enfrentar la realidad del narcoterrorismo con la firmeza y la determinación que la situación exige.
