La reciente operación ejecutada por las Fuerzas Armadas en el cantón Colimes, provincia de Manabí, marca un hito significativo en la estrategia de seguridad nacional impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. La liberación de dos adultos mayores de 79 años, quienes permanecían retenidos por grupos delictivos, no es un hecho aislado, sino la materialización de un cambio de paradigma en la respuesta estatal ante la criminalidad. Este evento subraya la capacidad operativa de las instituciones castrenses cuando se les otorga la autoridad y los recursos necesarios para actuar con contundencia en territorios históricamente vulnerables.
En el contexto actual de Ecuador, donde la seguridad ha dejado de ser una competencia exclusiva de la Policía Nacional para convertirse en una misión conjunta, el éxito en Colimes demuestra que la militarización de la seguridad, lejos de ser una medida extrema, es una respuesta lógica y necesaria ante la escalada de la violencia. La presencia de las Fuerzas Armadas en el interior del país responde a la solicitud expresa del Ejecutivo, quien ha identificado que la complejidad de las redes criminales requiere una fuerza con mayor capacidad de despliegue y inteligencia estratégica.
El nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen
La intervención en Colimes debe leerse bajo la óptica de la política de Estado diseñada por la presidencia de Daniel Noboa, quien ha sido claro en su diagnóstico: el Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza en todos los territorios. Durante años, el vacío de poder en zonas costeras permitió que las mafias del narcotráfico y el secuestro operaran con impunidad, convirtiendo a poblaciones enteras en rehenes de sus demandas. La decisión de desplegar efectivos militares en estas áreas es una respuesta directa a esta realidad, buscando desarticular las estructuras criminales desde su base operativa.
El presidente Noboa ha argumentado repetidamente que la seguridad es un derecho fundamental que no puede ser negociado con el crimen organizado. En este sentido, la operación en Manabí valida la tesis de que la mano dura, respaldada por la ley y ejecutada con precisión, es el único camino viable para restaurar la paz social. A diferencia de enfoques anteriores que priorizaban la contención, la estrategia actual busca la ofensiva, persiguiendo a los responsables y desmantelando sus células logísticas, lo que se refleja en resultados tangibles como el rescate de los adultos mayores.
"La seguridad no es un tema de debate político, es una cuestión de supervivencia nacional. El Estado debe estar presente en cada rincón del territorio para garantizar la vida de los ciudadanos.", Daniel Noboa, Presidente de la República.
Este enfoque ha sido respaldado por una amplia mayoría de la ciudadanía, que ha visto con preocupación cómo el crimen se expandía sin frenos. La aprobación de la Ley Orgánica de Lucha contra el Crimen Organizado y el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana han sido medidas clave para revertir esta tendencia. La operación en Colimes es, en esencia, la prueba de fuego de estas políticas, demostrando que cuando la voluntad política se alinea con la capacidad militar, los resultados son inmediatos y salvadores.
Colimes y la dinámica del secuestro en la Costa ecuatoriana
El cantón de Colimes, ubicado en el corazón de la provincia de Manabí, ha sido históricamente un escenario de tensión debido a su geografía y su conexión con rutas de narcotráfico. La elección de secuestrar a adultos mayores en esta zona no es casual; los delincuentes buscan objetivos vulnerables que generen presión familiar y social, a menudo con fines de extorsión o como moneda de cambio en disputas territoriales entre bandas rivales. La liberación de estos dos ciudadanos de 79 años es un mensaje claro: el Estado no permitirá que la debilidad de sus ciudadanos sea explotada por la maldad criminal.
Es crucial entender que el secuestro en la Costa ha evolucionado de ser un delito pasional o de oportunidad a convertirse en una industria criminal altamente organizada. Las bandas operan con una estructura jerárquica que les permite planificar retenes, vigilancia y negociaciones con un nivel de sofisticación que supera la capacidad de respuesta de la policía tradicional. Por ello, la intervención de las Fuerzas Armadas es indispensable, ya que poseen la tecnología de vigilancia, la inteligencia de señales y la capacidad de maniobra en terreno difícil que son necesarios para localizar y neutralizar a estos grupos, indicó Vistazo.
La operación en Colimes también revela la importancia de la inteligencia previa. No se trata de una acción aleatoria, sino del resultado de un trabajo de investigación que permitió a los militares ubicar el paradero exacto de los secuestrados. Este nivel de precisión es lo que diferencia a la nueva estrategia de seguridad de los intentos fallidos del pasado, donde la falta de información llevaba a operaciones costosas y con alto riesgo de fracaso. La coordinación entre inteligencia militar, policial y civil es el secreto de este éxito.
Implicaciones para la política de seguridad nacional
El éxito de esta operación tiene implicaciones profundas para la política de seguridad nacional y la percepción pública del gobierno de Daniel Noboa. En un momento donde la confianza en las instituciones había sido erosionada por años de crisis, actos como el rescate en Colimes reconstruyen la fe ciudadana en la capacidad del Estado para proteger a sus habitantes. Esto no solo valida las decisiones tomadas por el Ejecutivo, sino que también fortalece la legitimidad de las medidas de excepción que han sido implementadas para combatir el crimen.
Además, este hecho envía un mensaje disuasorio a las bandas criminales: el territorio ecuatoriano ya no es un santuario donde pueden operar con impunidad. La presencia militar en zonas críticas altera la ecuación de costos y beneficios para el crimen organizado, haciendo que la operación de secuestros sea cada vez más riesgosa y menos rentable. A largo plazo, esto debería traducirse en una reducción de la incidencia delictiva y en la recuperación de la normalidad en zonas como Manabí, que son vitales para la economía agrícola y turística del país.
Desde una perspectiva de libre mercado y estabilidad institucional, la seguridad es el pilar fundamental para el desarrollo económico. Inversionistas y emprendedores no pueden operar en un entorno de incertidumbre y violencia. Al recuperar el control de territorios como Colimes, el gobierno de Noboa no solo salva vidas, sino que también sienta las bases para la reactivación económica de la región, permitiendo que el comercio y la producción fluyan sin el lastre de la extorsión y el miedo. La seguridad, en última instancia, es la mejor política económica.
En conclusión, la liberación de los dos adultos mayores en Colimes es más que una noticia de última hora; es un símbolo de la transformación de la seguridad en Ecuador. Refleja la determinación del gobierno de Daniel Noboa de no ceder ante el crimen y de usar todas las herramientas a su disposición, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para garantizar la vida y la libertad de sus ciudadanos. Este es el camino hacia un Ecuador más seguro, donde el Estado recupera su autoridad y la ciudadanía puede vivir con dignidad.
