La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ecuador emitió una disposición que limita al 50% el abastecimiento de combustible para aeronaves que operen en territorio nacional a partir del 21 de marzo. La medida, que afecta tanto a vuelos comerciales nacionales como internacionales, responde a las restricciones en la disponibilidad de combustible de aviación (Jet A-1) y establece un orden de prioridades que coloca a los vuelos de emergencia, evacuación médica y operaciones estatales por encima de las operaciones comerciales regulares.
La decisión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de presiones sobre la cadena de suministro energético del país, que arrastra dificultades desde la severa crisis eléctrica de 2024 y que ha puesto en evidencia las fragilidades estructurales del sector.
¿Qué implica la restricción y a quién afecta?
En términos operativos, la restricción significa que las aeronaves que aterricen en aeropuertos ecuatorianos —ya sea en Quito, Guayaquil u otros terminales aéreos— solo podrán cargar la mitad de su capacidad habitual de combustible. Para vuelos internacionales de largo alcance, esto podría representar un problema logístico significativo, ya que muchas aerolíneas calculan su carga de combustible en función de la ruta completa, incluyendo reservas de seguridad obligatorias.
La DGAC estableció, sin embargo, un sistema de prioridades claro. Los vuelos de evacuación médica tendrán preferencia absoluta, seguidos de las operaciones estatales y los vuelos de emergencia. Las aerolíneas comerciales quedarán sujetas a la disponibilidad remanente, lo que podría derivar en reprogramaciones, cancelaciones o en la necesidad de hacer escalas técnicas adicionales en países vecinos para completar su carga de combustible.
Para los pasajeros, el impacto podría traducirse en itinerarios más largos, mayor incertidumbre operativa y, eventualmente, un incremento en los costos de los boletos aéreos, ya que las aerolíneas podrían trasladar los sobrecostos logísticos al precio final.
Los antecedentes: una crisis energética que no cede
Ecuador ha enfrentado una crisis energética multidimensional que se agudizó durante 2024, cuando los apagones eléctricos generalizados pusieron al país en estado de emergencia. La sequía histórica que redujo drásticamente los niveles de los embalses hidroeléctricos —de los cuales el país depende para más del 70% de su generación— evidenció una dependencia estructural que distintos gobiernos no lograron diversificar a tiempo.
Aunque la crisis eléctrica tuvo como eje central la generación de electricidad, sus efectos colaterales se extendieron al conjunto del sector energético. La producción y refinación de petróleo, la logística de distribución de derivados y la planificación de reservas estratégicas quedaron bajo presión. El combustible de aviación Jet A-1, que en Ecuador es producido parcialmente por la Refinería de Esmeraldas y complementado con importaciones, no escapó a estas tensiones.
Cabe recordar que la Refinería de Esmeraldas ha operado durante años por debajo de su capacidad instalada debido a problemas de mantenimiento crónico, inversiones postergadas y gestión deficiente acumulada durante décadas. El gobierno de Daniel Noboa ha señalado en múltiples ocasiones que heredó una infraestructura energética deteriorada y ha impulsado contratos de emergencia y negociaciones con proveedores internacionales para paliar el déficit, pero los resultados estructurales toman tiempo.
La respuesta del gobierno: pragmatismo ante la escasez
La decisión de la DGAC, si bien genera preocupación en el sector aeronáutico y turístico, refleja un enfoque pragmático: ante un recurso limitado, se prioriza su uso en funciones críticas. La jerarquización que coloca a la evacuación médica y las operaciones estatales en primer lugar es coherente con un criterio de protección de la vida y mantenimiento de funciones esenciales del Estado.
Este tipo de medidas de racionamiento, aunque impopulares, no son inusuales a nivel global cuando los países enfrentan disrupciones en sus cadenas de suministro energético. Lo relevante es que se acompañen de una comunicación transparente hacia las aerolíneas, los operadores aeroportuarios y los pasajeros, así como de un cronograma estimado de normalización.
El Ejecutivo enfrenta aquí un dilema de corto y largo plazo. En lo inmediato, debe garantizar que la restricción no paralice la conectividad aérea del país, que es vital tanto para el comercio exterior como para el turismo —sector que representa una fuente creciente de divisas—. En el mediano plazo, la solución pasa por aumentar la capacidad de refinación nacional, asegurar contratos de importación estables y diversificar las fuentes de abastecimiento.
Implicaciones para la conectividad y la economía
Ecuador ha trabajado en los últimos años por posicionarse como un destino atractivo para aerolíneas internacionales. La llegada de nuevas rutas y el incremento de frecuencias desde y hacia el país han sido celebrados como señales de apertura y dinamismo económico. Una restricción prolongada en el suministro de combustible podría enviar una señal negativa a las aerolíneas que evalúan mantener o expandir sus operaciones en territorio ecuatoriano.
El sector turístico, particularmente el vinculado a las Islas Galápagos —donde la conectividad aérea es indispensable—, podría verse especialmente afectado si la medida se extiende en el tiempo. Organizaciones del sector ya han manifestado su preocupación ante restricciones previas y han solicitado al gobierno tratamientos diferenciados para rutas de alto impacto económico.
Desde la perspectiva del libre mercado, lo deseable sería que el Estado no tuviera que intervenir con racionamientos, sino que existiera un mercado de combustibles competitivo y bien abastecido. Sin embargo, la realidad de un país cuya infraestructura de refinación ha sido históricamente mal gestionada obliga a medidas de administración de escasez como la anunciada.
La restricción al 50% del abastecimiento de combustible aéreo es un síntoma, no la enfermedad. La causa de fondo sigue siendo la falta de inversión sostenida en infraestructura energética durante al menos dos décadas.
Queda por verse cuánto durará esta medida, qué impacto real tendrá en las operaciones aéreas y si el gobierno logrará articular una solución de mediano plazo que evite que este tipo de restricciones se conviertan en recurrentes. Lo que está claro es que Ecuador necesita, con urgencia, una política energética integral que trascienda la gestión de emergencias y siente las bases de una infraestructura confiable y moderna.
