El Gobierno de Ecuador anunció este jueves 2 de julio de 2026 la implementación de una medida excepcional para fortalecer la protección y atención a los ciudadanos ecuatorianos residentes en Venezuela, ante la emergencia provocada por un reciente terremoto. Esta decisión se materializa mediante el envío inmediato de un equipo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana al país vecino, con el objetivo explícito de restablecer plenamente las operaciones consulares y garantizar una respuesta efectiva frente a los efectos del sismo.
Logística y marco diplomático
El despliegue se ejecutará mediante un vuelo de asistencia humanitaria proporcionado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), programado para el viernes 3 de julio de 2026. La llegada del personal técnico a Caracas permitirá operar desde la Sección de Intereses del Ecuador, una estructura que funciona bajo los auspicios de Suiza. Esta alianza diplomática es crucial dado que la Confederación Suiza representa los intereses del Estado ecuatoriano en Venezuela desde el rompimiento de las relaciones bilaterales en 2024. La Cancillería ha notificado formalmente a la Embajada suiza sobre este desplazamiento, asegurando el cumplimiento del acuerdo marco vigente para la representación consular.
Respuesta inmediata y asistencia humanitaria
Ante esta crisis geológica, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había establecido una respuesta permanente desde los primeros momentos. Las acciones previas incluyeron la conformación de un grupo de 356 ciudadanos ecuatorianos en situación vulnerable, del cual se coordinó exitosamente el retorno asistido de 18 connacionales hacia territorio nacional. Paralelamente, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se ha canalizado la entrega de tarjetas de asistencia monetaria, así como kits de alimentación e higiene para los retornados.
La llegada del nuevo equipo diplomático busca consolidar esta estructura inicial, poniendo operativamente la oficina consular y ampliando la capacidad de gestión. Esta medida refleja el compromiso del Ejecutivo con la movilidad humana segura y la protección integral de los nacionales en contextos de desastre natural, asegurando que la atención no se vea interrumpida por las limitaciones diplomáticas actuales.
