Bolivia atraviesa su quinta semana consecutiva de profunda inestabilidad social, caracterizada por una escalada en la violencia y el drama humanitario. Las protestas masivas lideradas por sectores campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales han paralizado ocho de las nueve regiones del país desde el 6 de mayo. El conflicto, que exige como condición única la renuncia del presidente Rodrigo Paz, ha dejado un saldo oficial de al menos nueve fallecidos según reportes de la Defensoría del Pueblo y medios locales.
El costo humano de los cortes de ruta
La crisis no solo se mide en cifras políticas, sino en el deterioro acelerado de las condiciones básicas de vida. La Defensoría del Pueblo documentó siete muertes directamente vinculadas al conflicto: cuatro por falta de atención médica oportuna debido a la interrupción de servicios, una por disparos durante operativos de desbloqueo y dos más cuyas circunstancias permanecen sin detallar completamente. Los casos recientes han sido particularmente impactantes; este martes se confirmó el fallecimiento de una joven de 24 años con cáncer que no pudo acceder a su radioterapia en La Paz al verse obligada la ambulancia a tomar vías alternas bloqueadas.
Paralelamente, la tragedia personal del camionero Zulema Ramos, quien permaneció atrapado durante 32 días sin recursos ni fuerzas para avanzar, ilustra la gravedad logística. Esta situación ha derivado en una escasez crítica de combustibles, alimentos y oxígeno medicinal a nivel nacional, generando un escenario de emergencia sanitaria que trasciende el debate político, según Madres ecuatorianas.
Denuncias de injerencia externa
Frente al estancamiento del diálogo, el Gobierno boliviano ha adoptado una postura defensiva y acusatoria. El canciller Fernando Aramayo denunció formalmente un "proceso de desestabilización" democrático mediante la injerencia extranjera. En este marco, se anunció la gestión para la salida inmediata de ciudadanos extranjeros identificados participando en las protestas, aludiendo específicamente a argentinos vinculados a partidos de izquierda que habrían mantenido reuniones con líderes de la COB.
Los intentos previos del Ejecutivo por abrir corredores humanitarios los días 16 y 23 de mayo derivaron en enfrentamientos violentos, lo que ha llevado al Gobierno a suspender nuevas operaciones directas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por esta escalada, instando tanto al gobierno como a los manifestantes a priorizar el diálogo para evitar mayores pérdidas humanas, de acuerdo con La Hora.
El horizonte político: ¿un referéndum revocatorio?
Mientras la COB mantiene su postura de no negociar hasta lograr la renuncia del presidente Paz, se ha abierto un debate interno sobre los mecanismos constitucionales para resolver el impasse. Algunos actores políticos bolivianos han planteado la posibilidad de adelantar un referéndum revocatorio de mandato como vía legal para decidir la permanencia en el cargo del jefe de Estado. Sin embargo, con las calles bloqueadas y el diálogo roto, la salida inmediata al conflicto sigue siendo incierta.
