En una decisión que sacude el tablero diplomático latinoamericano, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el cierre inmediato de la embajada de su país en La Habana y ordenó la expulsión de los diplomáticos cubanos acreditados en territorio costarricense. La medida, de una contundencia poco habitual en la diplomacia regional, viene acompañada de una declaración aún más significativa: San José ya no reconoce la legitimidad del gobierno de la isla.
El anuncio no llega en el vacío. Se inscribe en una tendencia creciente de gobiernos latinoamericanos que han endurecido su postura frente al régimen de La Habana, particularmente tras la ola represiva de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles a protestar y fueron respondidos con detenciones masivas y condenas desproporcionadas. Lo que Costa Rica ha hecho, sin embargo, va un paso más allá del simple malestar diplomático: cuestiona abiertamente la naturaleza misma del gobierno cubano.
Un giro histórico en la política exterior costarricense
Costa Rica ha mantenido históricamente una relación compleja pero funcional con Cuba. A diferencia de otros países centroamericanos, San José nunca se alineó con La Habana ideológicamente, pero tampoco rompió relaciones de manera definitiva durante las décadas más álgidas de la Guerra Fría. El país, que abolió su ejército en 1948 y ha sido considerado una de las democracias más estables de América Latina, solía optar por la vía del diálogo y la neutralidad activa.
Esa tradición diplomática queda ahora interrumpida. Al declarar que no reconoce la legitimidad del gobierno cubano, Chaves adopta una postura que implica algo más que una queja sobre derechos humanos: es un cuestionamiento de fondo sobre si el régimen de partido único que gobierna Cuba desde 1959 tiene autoridad legítima para representar al pueblo cubano.
Según lo reportado por Radio Centro, el presidente Chaves fue enfático al justificar su decisión. El argumento central gira en torno a la ausencia de elecciones libres, la persecución de opositores y las condiciones de vida del pueblo cubano, que enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con escasez de alimentos, medicinas y combustible.
El contexto regional: una América Latina cada vez más dividida
La decisión de Costa Rica no puede leerse de manera aislada. En los últimos años, la región ha vivido una polarización diplomática notable en torno a Cuba y otros regímenes autoritarios como el de Venezuela y Nicaragua. Mientras gobiernos de izquierda como los de Colombia, México y Brasil han buscado mantener canales abiertos con La Habana —e incluso han mediado en crisis políticas utilizando la isla como sede de negociaciones—, otros gobiernos han optado por el distanciamiento o la confrontación directa.
Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, ha adoptado una retórica durísima contra el castrismo. Paraguay nunca restableció relaciones con Cuba. Y ahora Costa Rica se suma a este bloque con una acción concreta que trasciende lo discursivo. La expulsión de diplomáticos es una medida que, en el lenguaje de las relaciones internacionales, representa uno de los niveles más altos de repudio entre estados.
Para Cuba, el golpe es simbólico pero también práctico. El régimen de Miguel Díaz-Canel se encuentra cada vez más aislado internacionalmente, con una economía en colapso y una diáspora que crece exponencialmente. Cada ruptura diplomática reduce el margen de maniobra de La Habana para acceder a foros multilaterales y mantener la narrativa de legitimidad que ha sostenido durante más de seis décadas.
¿Qué implica esta decisión y por qué importa para Ecuador?
Para Ecuador, la decisión costarricense ofrece un punto de reflexión relevante. El gobierno de Daniel Noboa ha mantenido una postura firme en materia de soberanía y seguridad, y ha mostrado disposición a tomar decisiones audaces en el ámbito internacional, como lo evidenció la crisis diplomática con México a raíz del caso de Jorge Glas. La pregunta que surge es si Quito considerará revisar sus propias relaciones con regímenes cuya legitimidad democrática está cuestionada.
En términos más amplios, la acción de Chaves plantea un debate de fondo que América Latina ha evitado durante demasiado tiempo: ¿hasta qué punto el principio de no intervención debe servir como escudo para gobiernos que sistemáticamente violan los derechos de sus ciudadanos? La tradición diplomática latinoamericana, forjada en el siglo XX, privilegia la soberanía estatal casi como un valor absoluto. Pero cuando esa soberanía es ejercida por un gobierno que no fue elegido libremente, el argumento pierde consistencia.
Costa Rica, con su larga tradición democrática y su ausencia de ejército, envía un mensaje poderoso precisamente porque no puede ser acusada de belicismo ni de intervencionismo militar. Su arma es la coherencia democrática, y la ha utilizado con precisión quirúrgica.
Las posibles consecuencias diplomáticas
Es previsible que Cuba responda con la retórica habitual: acusaciones de injerencia, invocación del bloqueo estadounidense como causa de todos sus males y llamamientos a la solidaridad de sus aliados tradicionales. La Habana podría también buscar el respaldo de organismos como la CELAC, donde aún cuenta con apoyos significativos.
Sin embargo, la tendencia es clara. El consenso que alguna vez existió en América Latina para tratar al régimen cubano con guantes de seda se está erosionando. Cada vez más gobiernos entienden que la defensa de los derechos humanos no puede tener excepciones ideológicas, y que la solidaridad con el pueblo cubano implica, necesariamente, dejar de legitimar a quienes lo oprimen.
La decisión de Costa Rica es, en última instancia, un acto de coherencia. Y en una región donde la ambigüedad suele ser la norma diplomática, la coherencia resulta casi revolucionaria.
