Corte Nacional define prisión de Vicko V. en caso Blindado
El Tribunal de Apelación deliberará tras escuchar recursos de la defensa y la Fiscalía sobre las medidas cautelares.
La situación jurídica del alcalde de Esmeraldas, Vicko V., y otros siete investigados en el marco del denominado "caso Blindado", entró este miércoles 7 de octubre de 2026 en una etapa crucial de definición judicial. En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), las defensas sustentaron recursos de apelación con el objetivo expreso de dejar sin efecto la prisión preventiva dictada contra sus representados, buscando así defenderse en libertad. Tras escuchar los argumentos jurídicos presentados por ambas partes —defensa y acusación—, el Tribunal de Apelación suspendió la sesión para deliberar de forma reservada, postergando la lectura del dictamen final a una nueva fecha y hora aún no especificada.
El contexto procesal y las posiciones enfrentadas
La tramitación del caso ha concentrado la intervención directa del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón. Mientras que la defensa de Vicko V. insiste en revertir resoluciones anteriores —como el rechazo del 24 de septiembre por parte de la jueza Daniella Camacho—, la acusación estatal presentó su propia apelación paralela. La Fiscalía solicitó al Tribunal que dicte prisión preventiva para Iván S. G. y Simón Bolívar M. S., dos vinculados que actualmente permanecen bajo medidas sustitutivas como prohibición de salir del país y presentaciones periódicas. El Ministerio Público considera estas garantías insuficientes frente al riesgo procesal identificado en la causa.
Detalles técnicos del expediente
Las indagaciones se centran en el delito de lavado de activos (artículo 317 del COIP). La tesis acusatoria sostiene que una red captó recursos estatales mediante abusos de garantías jurisdiccionales, cobrando indemnizaciones millonarias a través de acciones de protección. El dinero, transportado en vehículos blindados, se introdujo al sistema económico por firmas interpuestas, con transacciones calculadas entre 7,54 y nueve millones de dólares, como publicó este diario en Villacís mantiene prisión preventiva.
El expediente penal inició con ocho personas naturales y fue ampliado el 1 de septiembre a un universo total de 18 procesados (quince personas naturales y tres jurídicas), incluyendo jueces exjueces provinciales. En paralelo, la parte acusadora formalizó su desistimiento del recurso contra Carlos Vinicio A. J., tras ordenarse su captura internacional por Interpol debido al incumplimiento de medidas previas.
