El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) ha emitido una advertencia crítica sobre el proceso electoral colombiano que se desarrollará el próximo 31 de mayo, donde 14 candidatos aspiran a la presidencia. Según su informe "Votar con miedo", elaborado junto con la Fundación Colombia 2050, existen evidencias de que el voto se captura antes de llegar a la urna debido a la presión de grupos armados ilegales. El análisis identificó patrones atípicos en el 7,6 % de los puestos de votación estudiados, ubicados específicamente en zonas de riesgo donde la integridad del sufragio podría verse afectada.
La geografía de la coerción electoral
El estudio, basado en datos de las elecciones legislativas de marzo, localizó 1.019 puestos de votación con comportamientos electorales anómalos. Estos centros concentraron 327.196 votos efectivos y un potencial de 494.434 personas habilitadas para sufragar. Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, señaló que en estas regiones, marcadas por la presencia de economías ilegales y grupos armados, se observan señales de coerción, vigilancia comunitaria y restricciones a la movilidad que ameritan verificación inmediata. El informe documenta casos concretos en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde se han reportado exigencias del certificado electoral bajo amenazas y la presencia de armamentos cerca de los centros de votación.
De la extorsión a la compra estructural de votos
Uno de los hallazgos más preocupantes del análisis es la transformación de la compra de votos de un fenómeno marginal a un mecanismo estructural de captura electoral. Los pagos por sufragio oscilan entre 20.000 y 500.000 pesos (entre 5 y 130 dólares), dependiendo de la zona. Esta dinámica se complementa con incidentes recientes, como un audio atribuido inicialmente a disidencias de las FARC en Guaviare, que pedía votar por el candidato izquierdista Iván Cepeda bajo amenaza de sanciones económicas. Aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aclaró que se trata de un caso de extorsión carcelaria sin vínculos guerrilleros, el incidente ilustra el clima de intimidación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha condenado estas prácticas, advirtiendo que la mentira y el miedo solo traen consecuencias negativas para la democracia.
Implicaciones para la transparencia del proceso
El documento concluye que el riesgo principal reside en el pre-proceso electoral y no en el conteo de votos. Ante esta realidad, el ICP insiste en la necesidad urgente de reforzar la observación nacional e internacional en las zonas críticas. Con una red de más de 120 observadores desplegados en al menos 42 de los 1.123 municipios del país, la organización busca garantizar que la voluntad popular no sea distorsionada por la violencia. La alerta del ICP subraya la fragilidad de las instituciones democráticas en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada y los grupos armados ejercen un poder paralelo, afectando directamente la libertad de expresión y elección de los ciudadanos colombianos.
