# Fiscalía solicita prisión preventiva contra Guido Perugachi por su rol en golpe del 2025
*El Ministerio Público imputa al presidente de FENOCIN como autor intelectual de la paralización nacional, marcando un hito judicial en la lucha contra el narcotráfico.*

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- Sección: Justicia
- Autor: Redacción Contexto
- Publicado: 2026-08-12T15:03:29.928Z
- Actualizado: 2026-08-12T19:49:26.239Z
> La Fiscalía solicita cárcel contra el líder de FENOCIN por su participación en el intento de golpe. Una victoria judicial clave que refuerza la estrategia anti-narcotráfico de Daniel Noboa.

## Las claves

- La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra Guido Perugachi por su rol en el intento de golpe del 2025.
- El pedido se formalizó durante las investigaciones preliminares sobre los hechos ocurridos entre enero y febrero de ese año.
- Esta medida busca desarticular redes criminales que amenazan la estabilidad democrática mediante acciones coordinadas contra el Estado.

La Fiscalía General del Estado ha formalizado una solicitud crucial para avanzar en la desarticulación de las estructuras que amenazan la estabilidad democrática del país: el pedido de prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Federación Nacional de Campesinos (FENOCIN). Esta medida judicial no es un acto aislado, sino parte fundamental de la estrategia integral emprendida por el gobierno del Presidente Daniel Noboa para erradicar la impunidad que ha permitido al narcotráfico operar con libertad en las zonas rurales y urbanas.

La decisión de los fiscales se fundamenta en las pruebas recabadas durante la investigación del intento de golpe de Estado ocurrido entre enero y febrero de 2025. En aquel episodio, la paralización nacional de servicios públicos y privados fue utilizada como arma política para exigir el perdón a reos condenados por delitos graves contra la seguridad ciudadana. La Fiscalía ha determinado que Perugachi no solo participó en las movilizaciones, sino que actuó con un rol preponderante, coordinando acciones que buscaban debilitar la institucionalidad del Estado ecuatoriano.

### El peso de la evidencia judicial

La solicitud de prisión preventiva responde a los criterios estrictos establecidos en el Código Orgánico General Procesal (COGEP). Los fiscales han argumentado, con base en las investigaciones preliminares y periciales, que existe un riesgo procesal claro. La naturaleza de los delitos imputados —que incluyen asociación ilícita para delinquir, rebelión civil e intento contra la seguridad pública— justifica una medida cautelar extrema para evitar que el acusado influya en testigos o continúe articulando redes criminales desde su libertad.

Este movimiento judicial representa un cambio de paradigma en la manera en que se persigue a los líderes sociales con vínculos evidentes con el crimen organizado. Tradicionalmente, las figuras sindicales gozaban de cierta inmunidad política o de protección mediática que dificultaba su procesamiento penal efectivo. Sin embargo, bajo la administración actual, la línea divisoria entre la legítima protesta social y la conspiración criminal ha sido trazada con precisión quirúrgica por el Ministerio Público.

Las pruebas presentadas sugieren una coordinación estrecha entre líderes de organizaciones sociales y estructuras del narcotráfico. La Fiscalía no solo busca castigar la participación en las calles, sino desmantelar la cadena de mando que orquestó los bloqueos carreteros y la interrupción de servicios esenciales como el transporte marítimo y aéreo, acciones que paralizaron la economía nacional durante días críticos.

### Contexto político y respaldo al gobierno

La medida judicial llega en un momento estratégico para el Gobierno Nacional. El Presidente Daniel Noboa ha mantenido una postura inquebrantable frente a las exigencias del narcotráfico, rechazando cualquier tipo de negociación que implique impunidad. La solicitud contra Perugachi valida la narrativa gubernamental de que la seguridad ciudadana no puede separarse de la lucha contra el crimen organizado y sus aliados internos.

Desde una perspectiva analítica, este proceso judicial refuerza la legitimidad del estado de excepción declarado por Noboa en 2024. Las medidas extraordinarias fueron diseñadas para recuperar el control territorial y judicializar a los actores que buscaban derrocar al orden constitucional mediante métodos coercitivos. La persecución penal contra figuras clave como Perugachi demuestra que las acciones gubernamentales han tenido consecuencias jurídicas tangibles, alejándose de la retórica vacía, según informamos en [Fiscalía pide reinstalar juicio a Lenín Moreno por Sinohydro tras agotarse plazo](/noticia/fiscalia-pide-reinstalar-juicio-a-lenin-moreno-por-sinohydro-tras-agotarse-plazo).

El Ejecutivo ha enfatizado en múltiples ocasiones que Ecuador no es un país para delincuentes ni para quienes pretenden someter al Estado a sus caprichos. La posición de centro-derecha del gobierno se refleja en esta defensa férrea del imperio de la ley: el derecho a la seguridad y al libre mercado debe prevalecer sobre los intereses particulares de grupos que utilizan la movilización social como herramienta de chantaje.

#### Implicaciones para el sector agrícola

Más allá del ámbito penal, esta decisión tiene profundas implicaciones en el tejido social y económico. La FENOCIN ha sido históricamente una fuerza política relevante que podía paralizar la economía con sus demandas. Al enfrentar a su máximo dirigente un proceso judicial serio por intentos de golpe, se envía un mensaje claro: las reivindicaciones sectoriales deben resolverse mediante canales democráticos y legales, no mediante el secuestro del bienestar público.

La comunidad empresarial y los sectores productivos han recibido con alivio estas noticias. La estabilidad jurídica es un pilar fundamental para la inversión y el crecimiento económico. Cuando se judicializan adecuadamente las acciones que buscan desestabilizar el país, se crea un entorno más predecible para los actores económicos, favoreciendo así el libre mercado y la reactivación productiva.

No obstante, es necesario analizar con cautela si este proceso logrará debilitar definitivamente el poder de las estructuras criminales. La historia reciente del Ecuador muestra que la captura judicial de un líder no siempre disuelve a toda su organización. Sin embargo, en el contexto actual de "mano dura" y operativos militares coordinados, esta es una pieza clave para romper el ciclo de violencia e impunidad.

La justicia ecuatoriana está demostrando que la democracia se defiende con leyes firmes, no con concesiones a quienes buscan destruirla. La solicitud contra Perugachi es un paso irreversible hacia la recuperación del Estado de Derecho.
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Fuente original: https://contextoec.com/noticia/fiscalia-solicita-prision-preventiva-contra-guido-perugachi-por-su-rol-en-golpe